Los frentes conflictivos del gobierno
Al término de un año, la tendencia de acción gubernamental parece inclinarse decididamente hacia una posición cada día más distante del proyecto ofertado en la campaña electoral del 2017. Declaraciones tan explícitas como que este “es el gobierno de los empresarios”, lo confirman. Y, por añadidura, “de derecha”, como un valor agregado destacado por el Presidente Moreno.
Esta declaración presidencial es la crónica de un viraje anunciado, cuyo costo político está pagando el gobierno en diversos frentes de conflicto. Un análisis de Rodríguez & Baudoin, especialista en asuntos públicos y reputación institucional, identifica los efectos de la política oficial en al menos tres niveles, a saber, a lo interno del gobierno, en la gobernabilidad nacional y en el ámbito internacional.
En el plano interno la renuncia del ministro de Educación, Fander Falconi, que se fue cuestionando el recorte presupuestario a su cartera, y la dimisión del secretario general de la Presidencia Eduardo Jurado, son señales de un claro debilitamiento del sector “de izquierda” al interior del régimen. La salida de estos funcionarios aleja aun más al gobierno de los sectores sociales con los cuales no ha sabido tender puentes de confianza reales. Indígenas y trabajadores sindicalizados miran de soslayo la acción gubernamental y, ad portas del proceso electoral del 2018, no sería extraño que levanten su voz para ser finalmente escuchados.
Inclinado hacia la derecha, como un cuadro mal colgado en la pared de la historia, el gobierno de Moreno tiene en carpeta nombres de clara procedencia partidocrática y derechista para incluir en el gobienro, como son Oscar Ayerve, ex ministro de gobierno de Lucio Gutiérrez y Roberto Passailague, ex ministro de Educación del mismo régimen.
Acreedor de sus propios errores de gobernabilidad, el régimen morenista tiene abierto frentes por doquier. Las marchas de protesta de diversos sectores estudiantiles, laborales y ciudadanos lo confirman. La gente empieza a perder la paciencia y, por tanto, el miedo a ejercer el legítimo derecho a la protesta callejera. Y frente a la protesta, el gobierno se ve obligado a cometer un segundo error de cálculo: ceder a la presión callejera estudiantil, validando este método como efectivo, sino para la solución de conflictos, al menos para hacer sentir la voz de reclamo frente al recorte presupuestario de 140 millones para el sector universitario.
En orden del prestigio del régimen, éste anda por los suelos, según sondeos de opinión ciudadana realizados por Click Report. Una encuesta demuestra que 7 de cada 10 ecuatorianos considera que “la corrupción ha aumentado” y 8 de cada 10 que “la pobreza, la delincuencia y el desempleo han aumentado” en este régimen. Para ser más explícito, el reporte señala que el 65,5% de encuestados considera la gestión de Moreno “como mala” y, solamente, un 34,5% la ve “como buena”.
El frente externo no anda mejor. La política exterior del régimen ha ido de tumbo en tumbo, con incapacidad de lograr consensos válidos y durables. Muestra de ello es la insoluble situación de Julian Assange; y, por añadidura, en lugar de sumar ha restado, mostrando clara desconfianzas en la OEA, el organismo natural de Ecuador en su relación con los vecinos regionales.
Al término del año en curso, el horizonte gubernamental no se avizora auspicioso, al contrario, el clima electoral podría caldear la protesta ciudadana y frente a la poca capacidad gubernamental de construir relaciones políticas, sería el detonante de inminentes reveces electorales para el régimen de Moreno.
Visto así el panorama, a fin de este año el gobierno deberá hacer un esfuerzo por quemar sus crasos errores. Porque no sería raro que en la voluntad popular, el más quemado sea el propio Presidente Moreno.
